Uno de los cambios más sensibles que ha tenido lugar, durante las últimas décadas, en el sistema de educación superior (SES) de México es la estructuración del principio de competencia. Este movimiento constituye uno de los ejes de la política educativa vigente en el país -los cuatro ejes restantes son, establecer la evaluación como práctica normal del sistema; promover la expansión del acceso sin menoscabo del mejoramiento de la calidad; atender el precario desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y; modificar el sistema de financiamiento- (Kent,

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Los docentes son, probablemente, uno de los grupos que ha sido más vulnerado por la implantación de la estrategia de modernización educativa en el sistema de educación superior (SES) de México. No sólo han perdido fuerza política, también han visto como sus derechos y condiciones laborales se han ido deteriorando drásticamente en las últimas décadas. Particularmente, han sido los docentes del sector privado los más afectados por el injerto silencioso de los mecanismos de gestión empresarial en la esfera educativa, tales como, la rendición de cuentas y la flexibilización

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Una de las ramas del debate sobre las consecuencias de la adopción de un modelo de mercado para la provisión de la educación pública versa sobre la consecuente y silenciosa transformación del rol de los beneficiarios de la misma: de «usuarios» de un bien público a «consumidores» de un servicio. No se trata de una cuestión menor, tal transición, inscrita en el marco de una serie de transformaciones profundas de los sistemas educativos -durante la fase neoliberal del capitalismo-, comporta, desde la redefinición misma de la noción contemporánea de

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